Opinión

El gasoducto ‘Néstor Kirchner’ y la apuesta energética del país

Por Ricardo Juan Panza

Ya es un hecho la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra estratégica que puede dar vuelta la matriz energética y económica del país en el corto plazo. Sus efectos son múltiples y trascendentales, sobre el dólar, el cepo cambiario, las importaciones, las tarifas y sus subsidios, y en definitiva, nuestra deuda externa.

Se la presenta como “la mayor obra energética de los últimos 30 años”; considerada en una perspectiva más amplia, ha de ser el primero de varios pasos que deben darse para lograr un autoabastecimiento energético para el país, que requerirá coherencia y continuidad en las políticas.

Antecedentes

Es bueno recordar que el gas natural desde Vaca Muerta y otros yacimientos de Neuquén ya fluye hacia las principales urbes mediante los gasoductos Neuba I y Neuba II (1988). La saturación de la capacidad de transporte hizo imprescindible el GPNK, que bien podría llamarse “Neuba III”.

Esta obra estaba planificada ya en 2015. Se licitó en el gobierno de Mauricio Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández anuló la licitación a poco de asumir, y se impidió que el Ministro Guzmán la incluyera en sus cálculos presupuestarios. Hubo falta de visión estratégica compartida. Pero una vez que se inició, esta primer etapa se concretó en tiempos muy rápidos.

Las licitaciones tomaron velocidad después de que Rusia invadiera a Ucrania en febrero de 2022 y provocara una guerra que todavía continúa y que modificó la geopolítica de la energía. Debido a las sanciones americanas y europeas, Rusia dejó de ser un proveedor energético confiable; y Argentina puede ser un eficaz reemplazo en el mediano plazo.

La obra se agiliza a partir de que Sergio Massa asume la conducción económica en agosto de 2022. En ese momento se firmaron los contratos de la obra con las constructoras Techint, Sacde y BTU. Los caños fueron fabricados en la planta de Tenaris, única oferente para esta tarea.

Por el conflicto bélico, el Gas Natural Licuado (GNL) trepó a más de USD 40 por millón de BTU y elevó el costo de las importaciones en el país en un estimado de alrededor de USD 5000 M. El costo del gas local sería de sólo USD 3,50/M BTU.

Futuro energético

Una vez modificada la matriz energética, la energía local será más barata que la importada, y eso impactará sobre el costo de la electricidad, dado que en Argentina, el 60% de la energía se produce a base de gas, gasoil y/o fuel oil. La mayor producción a precios más bajos podría hacer descender el costo de USD 90 a USD 70 USD por MW/h, y provocar un impacto positivo sobre el empleo, las regalías provinciales, y los impuestos, aflojando la presión sobre los aumentos tarifarios.

El GPNK permitirá un ahorro de divisas que en principio es variable, por estar vinculado con el escenario internacional de precios. En una hipótesis de máxima, se podrían ahorrar USD 4.300 M anuales, lo que implica una reducción aproximada de un 7% en las importaciones totales.

La sustitución de importaciones de gas y las exportaciones de petróleo provocarán que Argentina pase de un déficit comercial energético de USD 4400 M en 2022 a un equilibrio en 2023, y a un superávit que irá in crescendo desde 2024 hasta más de USD 8000 M por año. Haciendo los “deberes”, hacia 2030 la balanza energética podría generar un superávit energético de alrededor de USD 18.000 M, ayudando a la diversificación de la matriz exportadora y compartiendo podio con el agro como sectores generadores de divisas. Esos dólares adicionales permitirán aflojar las restricciones cambiarias y garantizar el pago de la deuda externa por los próximos 15 años.

En lo inmediato, el ahorro para el segundo semestre del año será de USD 2.200 M, compuesto en USD 1700 M por la sustitución de importación de GNL; y el resto en reducción de subsidios por haber tarifas más bajas, y reducción en la importación de gasoil y fueloil, que hoy adquiere Cammesa.

Cabe aclarar que el GPNK es para el mercado interno (no para exportación), al menos en principio. Su principal objetivo es garantizar que el gas local de Vaca Muerta sustituya al gasoil y al fuel oil, reduciendo costos y adicionalmente reduciendo contaminación ambiental, por utilizar fuentes energéticas más sustentables.

La obra permitiría recuperar la inversión de USD 2700 M en pocos meses, y además incrementar la exportación potencial durante la temporada de verano. Fue financiada enteramente por el Estado nacional, con parte de la recaudación cobrada en 2021 del Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, así como con otras fuentes financieras del Tesoro (impuestos, colocación de deuda y emisión monetaria).

Impacto sobre el empleo

La obra del gasoducto genera impacto en el empleo argentino. El proyecto produjo 40.000 nuevos empleos nuevos, compuestos entre 3.873 trabajos asociados directos, y 36.017 puestos indirectos por demanda de insumos a proveedores y mayor consumo de los hogares en las localidades involucradas en el trayecto. Los sectores beneficiados son la Industria (42%), el comercio (18%), la construcción (10%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7%), transporte, almacenamiento y construcciones (5%) y hoteles y restaurantes (4%). Se estima que la inversión del GPNK empuja el crecimiento del Valor Bruto de la Producción (VBP) de toda la economía (incluyendo producción final e insumos intermedios), a razón de $ 0.74 por cada $ 1.- invertido.

El gasoducto ha contado asimismo con trabajadores extranjeros y también argentinos residentes en el exterior repatriados. Entre ellos, 45 trabajadores provenientes de Turquía especializados en maquinarias de soldadura automática para operar en forma correcta en más 30 países.

Las etapas de construcción que vienen

La obra atraviesa cuatro provincias en una extensión de 573 kilómetros y, entre las cinco zonas de producción, se encuentran Añelo, General Roca, Puelén, Curacó, Limay Mahuída, Ultracán, Atreucó, Saliqueló, Tres Lomas, Adolfo Alsina, Guaminí, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Mercedes, Zárate, Luján, Navarro, San Andrés de Giles y Exaltación de la Cruz.

El primer tramo del gasoducto se inauguró el 20 de junio pasado, en tiempo récord, gracias a la incorporación de tecnología de punta que permitió acortar los plazos estipulados. Este tramo va desde Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires.

En una primer etapa se transportarán por la red 11 M de m3 diarios provenientes de los yacimientos de Pampa Energía, Tecpetrol, PAE, Total Energies y Petrobras, que tienen contratos de abastecimiento mediante el Plan Gas. Habrá 9 M de m3 diarios adicionales cuando ingresen en servicio dos plantas compresoras ubicadas  en cada una de las terminales (Tratayén y Salliqueló) para agregar capacidad en cada punta, llegando a un total de 20 M de m3 diarios.

Ante todo hay que hacer el “barrido” del ducto, la eliminación del aire y el llenado de los caños con unos 25 M de m3 para que fluya el combustible. Los km 1 a 29 se llenaron el 20 de junio; el 25 se inició el llenado de los km 29 a 61; luego, vendrá el tramo del km 61 a 89, y así, sucesivamente hasta llegar a Salliqueló, en lo que sería la inauguración “oficial” prevista para el 9 de julio.

La segunda etapa consiste en dos actividades no vinculadas entre sí. La primera consiste en revertir las válvulas del Gasoducto Norte, que actualmente trae el gas desde Bolivia. El abastecimiento desde el país vecino viene comprometido; no tiene más producción disponible para abastecer su demanda doméstica y la prioridad la tienen las exportaciones a Brasil, para el cordón industrial de San Pablo.

Bolivia viene enviando a la Argentina unos 9,7 MMm3/d de gas y por el momento las provincias del Norte no tienen problemas de abastecimiento. Una reducción en 2024 a menos de 4 MMm3/d y en condición “interrumpible” (sin garantías de cumplimiento ni penalidades) comprometería seriamente la seguridad energética en las industrias de Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba, complicando las economías regionales como la minería, el azúcar, el bioetanol y el maíz, entre tantas otras.

La reversión permitirá invertir el flujo de gas que hoy viene “del” Norte, para llevar el gas “al” norte argentino. Además, se podrán abastecer centrales eléctricas de la región centro-norte (actualmente a fuel oil), y aparecerían potenciales saldos exportables a Chile y a Brasil.

La otra actividad de esta etapa es la construcción de un “loop” entre las ciudades de La Carlota y Tío Pujio (Córdoba) que permitirá cerrar la sustitución de importaciones de gas del país vecino.

Esta etapa cuenta ya con financiamiento por USD 540 M del Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF), y restaría un aporte adicional privado de 173 M USD. El apuntado es el propio grupo Techint, que se favorecería de la obra en varias etapas de la cadena de valor (producción, provisión de caños, construcción, transporte y distribución). Si no fuera esto posible, el Tesoro Nacional lo financiará.

La siguiente etapa consistirá en licitar el segundo tramo del GPNK, de Salliqueló a San Jerónimo (Santa Fe) en agosto. Existen propuestas de financiamiento de PowerChina para una obra que costaría cerca de USD 3000 M y cuyo repago de la inversión es entre 1 a 2 años, pero el ministro Massa pidió “urgencia” en los plazos y apuesta a que haya competencia para terminarlo también el año próximo.

Esto sumará otros 22 MMm3/d de capacidad de transporte y podría llegar a exportar a Brasil, que también necesita sustituir importaciones de Bolivia, cuya producción es declinante.

Lo que viene: desarrollar más obras para mejorar la cobertura y las condiciones del servicio en las localidades involucradas en el proyecto, y atemperar las primeras inconveniencias que el auge incipiente produce. Por lo pronto, los primeros efectos económicos ya aparecieron. El precio de los alquileres en las zonas involucradas aumentó a partir de la llegada del gasoducto y su construcción, lo que genera inquietud en los habitantes. Supone un desafío que deberá salvarse con un estímulo a la oferta de viviendas en alquiler.

Por lo visto, el desafío es importante. Esperemos que nuestros gobernantes aprendan a considerar los objetivos de largo plazo como políticas de Estado en forma consecuente y coherente.

(*): Licenciado en Economía – Contador Público.

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